Resulta que ahora todos están preocupados por el estado de la enseñanza. Los informes periodísticos se multiplican y hasta el ministro de Educación ha declarado que estamos en una situación de emergencia. Parecería que el problema nos tomó por sorpresa y que no hay responsables.
Pero esa actitud es injustificada. Si enfrentamos tantos problemas graves, es porque venimos aplicando desde hace años un conjunto de políticas ruinosas, como favorecer la inclusión sin asegurar la calidad o aumentar los recursos sin exigir nada a cambio. Y si estamos paralizados para ensayar soluciones, es porque hemos transferido el poder a las corporaciones de la enseñanza, primero como una cuestión de hecho y luego con fuerza de ley.
La lista de responsables incluye a quienes impulsaron estas reformas funestas, pero también a quienes no hicieron gran cosa para impedirlas. Entre ellos se cuentan muchas figuras del oficialismo, que atacan en privado las decisiones tomadas (incluida la aprobación de la nueva Ley de Educación) pero nunca tuvieron el coraje de hacer una objeción en público. También es responsable la oposición política, que tras actuar con firmeza durante años terminó por perder toda claridad estratégica, convalidando el nuevo estado de cosas con una sumisa participación en unas elecciones docentes de las que salió, como era previsible, sin nada en las manos.
Pero la lista de responsables también incluye al grueso de la ciudadanía, que premió con su voto a quienes entregaron la enseñanza a las corporaciones y debilitaron todos los mecanismos de control institucional.
Cuando, en el año 1984, el presidente socialista Francois Mitterrand quiso eliminar la enseñanza privada (un reclamo que le hacían los sindicatos), se produjeron en Francia las mayores manifestaciones callejeras desde mayo del 68. No sólo protestó la oposición, sino mucha gente que había votado a la izquierda. El gobierno comprendió el mensaje, retiró la iniciativa y nunca más volvió a hablar del tema. Así es como actúa una ciudadanía vigilante ante las flaquezas de sus dirigentes.
En 1983, el gobierno estadounidense encargó a un grupo de especialistas la realización de un diagnóstico sobre la situación que vivía la enseñanza. El resultado fue un sombrío informe titulado "Una nación en peligro". Como manera de ilustrar la gravedad de la situación, los autores del documento emplearon una imagen que se hizo célebre. Dijeron que, si un país extranjero hubiera impuesto a los estadounidenses el sistema educativo existente, ese acto hubiera debido ser considerado un casus belli, es decir, una razón para ir a la guerra.
Las reglas que hoy rigen nuestra vida educativa son las peores que hemos tenido en nuestra historia. Pero tampoco nosotros podemos culpar a un agresor externo. Nadie nos impuso este horror. Y una regla fundamental de la democracia es que, cuando un pueblo decide pegarse un tiro en el pie, se lo pega sin que nadie pueda evitarlo. Eso fue exactamente lo que hicimos, de modo que no hay razones para quejarse. Lo malo es que el costo lo van a pagar durante décadas los uruguayos menos favorecidos.
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