A fines de diciembre estuvo en el país Claudio Sapelli, un distinguido economista uruguayo residente en el exterior. Sapelli presentó los resultados de un estudio que compara el desempeño del sistema educativo uruguayo con el de países como Chile, España y Polonia. Su conclusión, apoyada en una sólida base estadística, es que vamos mal tanto en términos de eficiencia como de equidad.
El trabajo está disponible en la página web de la Cámara de Comercio, de modo que no tiene sentido resumirlo. Pero puede ser útil resaltar algunos aspectos.
Sapelli apela a una vasta literatura internacional para desacreditar perspectivas de análisis que siguen teniendo vigencia entre nosotros. Por ejemplo, recuerda que "uno de los resultados más robustos de la economía de la educación (…) es que no hay ninguna relación clara y sistemática entre aprendizaje y gasto en las escuelas". O bien señala que, cuando se intenta establecer un vínculo entre educación y crecimiento económico, "los años de educación pierden significancia estadística" una vez que se introducen datos sobre lo que la gente ha aprendido. "Lo que importa para el crecimiento" son los "conocimientos de la población y no cuántos años se educaron".
Estas afirmaciones son familiares para cualquiera que se acerque al tema educativo sin prejuicios. Si Sapelli tiene que recordarlas, es porque en nuestro país preferimos ignorarlas. Pero lo más interesante de su análisis aparece cuando, tras un examen de la literatura especializada, identifica tres reformas que lideran las recomendaciones para mejorar el desempeño de los sistemas educativos. Esas reformas son:
- la rendición de cuentas (es decir, el hecho de que a los sistemas educativos se les fijen metas de aprendizaje y se los evalúe desde afuera),
- la autonomía institucional (es decir, la capacidad de los establecimientos educativos de tomar decisiones autónomas sobre su propio funcionamiento) y
- la libertad de elegir un centro de estudio (para lo que se requiere que el dinero público siga la elección de las familias).
Estudios realizados sobre los resultados de la prueba PISA muestran que estos tres factores permiten explicar el desempeño de numerosos sistemas educativos. Por ejemplo (y tomando como marco el conjunto de países que participaron de la prueba) la existencia de exámenes que permiten evaluar lo que efectivamente aprenden los alumnos tienden a mejorar la calidad de los aprendizajes en el equivalente a un año de estudios. Este impacto aumenta cuando se difunde la información sobre los resultados obtenidos en cada instituto y las familias pueden elegir en función de ella.
El problema es que "el sistema uruguayo parece cercano a un extremo en los temas que se están discutiendo en la literatura respecto de políticas que dotarían a un sistema educacional de mayor eficiencia y equidad". Dicho en breve: estamos haciendo lo contrario de lo que hay que hacer. Basta recordar que la nueva Ley de Educación prohíbe expresamente la difusión de resultados establecimiento por establecimiento.
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