Por Pablo Da Silveira para diario "El País", MVD, UY
(las itálicas y negritas son mías)
Hoy se inaugura el Instituto de Formación Docente Elbio Fernández, una iniciativa privada dedicada a la formación de maestros de enseñanza inicial y primaria. La institución es patrocinada por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP) y expedirá títulos con reconocimiento oficial. Dicho en otras palabras, los maestros que egresen de esta institución estarán en pie de igualdad con los egresados de los centros estatales de formación docente.
Esta iniciativa se suma a los programas de formación docente de la Universidad de Montevideo (también orientados a preparar profesores de Secundaria), que cuentan asimismo con reconocimiento oficial desde hace algún tiempo. Ambas experiencias marcan el principio del fin del monopolio estatal sobre la formación docente, que ha existido casi sin fisuras durante muchas décadas.
Poner fin a ese monopolio es terminar con una anomalía. Es casi imposible encontrar en el mundo democrático casos similares al nuestro. Al menos en las sociedades libres, la formación docente es un terreno caracterizado por la diversidad de tradiciones pedagógicas y la multiplicidad de instituciones que ofrecen títulos con un mismo valor legal. Suponer que todos los docentes tengan que ser formados con el mismo molde es una idea que casi no tiene defensores.
Pero ni siquiera vale la pena abrir una discusión ideológica sobre el punto. La verdad neta y urgente es que la formación docente en este país está en crisis. Desde hace años, los centros estatales de formación de maestros y profesores atraen a menos candidatos de los necesarios para asegurar la sustitución de quienes se retiran y cubrir el aumento de puestos de trabajo requeridos en algunos niveles del sistema. Gruesamente, los centros de formación docente tienen hoy unos dos mil alumnos menos que en 2008 (una pérdida del orden del 10% de la matrícula de aquel año).
Esta caída no solo se debe a problemas en el ingreso, sino también a un grave problema de retención. Más de la mitad de quienes se inscriben abandonan los estudios antes de titularse. Un tercio abandona antes de haber dado un solo examen. Solo uno de cada diez egresa en el tiempo previsto. Como resultado, el número de egresados de los centros de formación magisterial viene cayendo ininterrumpidamente desde el año 2005. También cae el número de egresados de los centros de profesores para la enseñanza media.
Frente a estos graves desafíos (a los que se suma la caída de capital cultural de quienes optan por la formación docente) las autoridades públicas han reaccionado poco y mal. O bien no han hecho gran cosa, o bien han anunciado medidas que solo sirven para ocultar los problemas. Por ejemplo, recientemente se anunció que se entregarán títulos a docentes que, sin haber concluido sus años de formación, lleven años enseñando en Secundaria o en UTU. Esta medida permitirá mejorar las tasas de titulación sin que nada haya cambiado en los hechos. La situación será la misma, pero las estadísticas lucirán mejor.
Frente a esta debacle, es bueno que otros actores institucionales propongan nuevas maneras de hacer las cosas. No se sale del fracaso repitiendo lo que ya hacemos. Por eso importa que existan iniciativas como las de la UM y SAEP, y por eso será importante que se sumen otras. Puede que de aquí no salga toda la solución, pero al menos podrá salir parte de ella.
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